(Santo
Domingo, 14 de noviembre de 2016). Investigadores
del Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación
Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), participaron en el panel «Transformaciones
políticas y sociales: balances y desafíos» en la tercera entrega del Congreso
Transdisciplinar del Caribe, organizado por el Instituto Global de Instituto
Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL).
Natanael Disla, coordinador de la Unidad de Gobierno Local (UGL), versó
sobre la gestión de los residuos sólidos en República Dominicana, y aseguró que
con el crecimiento poblacional no se han diseñado políticas públicas eficaces
desde el Gobierno central y los gobiernos locales para resolver esta
problemática.
“La educación ciudadana es clave para lograr avances, como lo demuestran
las buenas prácticas que se han logrado en varias localidades del país. A pesar
de ello, los gobiernos locales tienen grandes retos en materia de gestión de
los desechos sólidos y necesitan del apoyo del Gobierno central para una
disposición final amigable con el ambiente”, precisó Disla.
Con el mismo propósito de crear políticas públicas eficientes, Flor
Esmirna Batista Polo, investigadora de la Unidad de Sociedad Civil (USC), dio a
conocer su más reciente trabajo que arroja que se han registrado 65
feminicidios en los primeros seis meses del año 2016, de los cuales 54 fueron
feminicidios íntimos.
Polo habló de los antecedentes de los feminicidios, así como la
tipología, las armas utilizadas y las edades de las víctimas y los feminicidas.
Finalmente, se refirió a las acciones de los feminicidas una vez cometido los
asesinatos, y la cantidad de hijos de las víctimas y los agresores que quedaron
huérfanos.
Materia política
Jamilia Arykbaeva, coordinadora de la Unidad de Partidos Políticos (UPP),
expuso sobre la cronología de partidos políticos en el período comprendido
entre julio 2015 y el 15 de mayo de 2016 y mostró la presencia relativa y el
nivel de asociación de los principales actores con temas de interés nacional.
Mientras que Jean David De Jesús, investigador de esta misma Unidad,
disertó sobre las encuestas electorales de 2016 y el nivel de error de sus
predicciones.
“Solo una de las encuestas acertó bajo un parámetro de un 3 % para los
dos candidatos con más votos. Y en el estudio se destacó la poca claridad con
la cual se publicaron los resultados. Existe la necesidad de un debate acerca
de la regulación de las firmas encuestadoras en el país”, sostuvo.
Sobre legislaciones
Greidys Roa Chalas, coordinador de la Unidad de Políticas Públicas (UPPU)
del OPD, trató sobre los resultados de la Ley núm. 28-01 referida al desarrollo
fronterizo, puntualizándo que, aunque la norma es necesaria, aún falta mucho
por hacer.
“Para agosto de 2014 se reportaron 95 empresas activas bajo el amparo de
esta norma, las cuales generaron 9,774 empleos directos, tras una inversión de
RD$14,913 millones. Existe una marcada diferencia de aprovechamiento entre las
regiones norte y sur de la frontera, inclinando la balanza de manera
significativa hacia las provincias del norte, que ostentan el 86 % de las
empresas instaladas”.
Y agregó que uno de los principales problemas de la frontera es el
olvido, resulta evidente que no es sólo la adecuación de los incentivos lo que
limita el despegue de estas provincias. El Estado no debe pretender delegar el
rol protagónico que le corresponde de impulsar el desarrollo fronterizo en el
sector empresarial, sino que debe actuar más como jugador y no como árbitro.
Y la coordinadora de la Unidad de Poder Legislativo (UPL), Gaudy
Crispín, se refirió a las iniciativas Legislativas, alegando que en los años en
los que el partido predominante en la Cámara de Diputados (CD) ha sido
diferente al del partido del Presidente, se someten una mayor cantidad de
proyectos de ley, demostrando que una independencia partidaria favorece a un
mayor grado de dinamismo y de competencia dentro del órgano.
“El Poder Legislativo (PL) cuenta con un mayor nivel de participación legislativa
(83 %), pero tienen un menor porcentaje de éxito legislativo (48 %) en cuanto a
las iniciativas que propone, contrario al Poder Ejecutivo (PE), que cuenta con
un éxito de aprobación de un 89 %. Se evidenció que los legisladores coordinan
intereses y aumentan su influencia, siempre enfocados en dos objetivos:
aumentar la productividad de la institución y conseguir la reelección en el
cargo.
