Entre ellas
destacan: Crear o fortalecer los órganos de control y de supervisión de las
fuentes de financiamiento de los partidos; transparentar el financiamiento
privado y fortalecer los mecanismos de control del financiamiento público.
(Santo Domingo,
08 de agosto de 2017). El Observatorio Político Dominicano
(OPD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo
(FUNGLODE), publicó un análisis que asegura que la problemática del financiamiento de partidos
políticos tanto en la mayoría de los países de la región como en República
Dominicana, no está en una falta de legislación, sino en la falta de mecanismos
de control público, político y jurídico.
El informe “El
financiamiento de partidos políticos y campañas electorales en República
Dominicana: problemática y solución”, de la autoría de Vladimir
Rozón García, Coordinador Unidad de Partidos Políticos (UPP) del OPD, explica
que las causas directas del desbordamiento de la actividad política, a partir
del cual el dinero se ha convertido en su actor principal, son: las campañas
políticas débilmente reguladas, la falta de límites a los gastos electorales y de
una fiscalización permanente; la ausencia de una verdadera garantía, tanto de
la transparencia como de la divulgación de la información financiera de los
partidos, y la carencia de mecanismos de contrapeso como por ejemplo organismos
ciudadanos destinados a participar activamente en la supervisión y control del funcionamiento
de las agrupaciones políticas.
Propuestas del estudio
De
acuerdo con la investigación, la acción primera para enfrentar esta
problemática es la voluntad política de todos los actores que intervienen en
este proceso. Seguida de medidas que han sido replicadas con éxito en otros
países de Latinoamérica y a lo que República Dominicana debe aspirar incluir en
su legislación.
Las
soluciones que propone el documento son: reducir la campaña electoral y los
gastos electorales; impulsar otros métodos de recaudación de fondos; crear o
fortalecer los órganos de control y de supervisión de las fuentes de
financiamiento de los partidos; crear mecanismos de contrapeso; transparentar
el financiamiento privado y fortalecer los mecanismos de control del
financiamiento público.
Reducir la campaña e
impulsar otros métodos de recaudación de fondos
“Acortar la duración de la campaña y
establecer mecanismos de cumplimiento de la propia norma, mediante el
otorgamiento de facultades a la Junta Central Electoral (JCE) para supervisar y
sancionar de manera drástica a quienes violen dicha disposición, y recortar los
gastos electorales a través de una reducción de los costos de campaña, como son
la publicidad pautada en los medios de comunicación, los anuncios en vallas,
carteles y volantes, los mítines y concentraciones políticas y, ante todo, la
compra de votos”, indica el investigador.
El
estudio enfatiza que la segunda medida es que los partidos estén obligados a
crear actividades de fomento y promoción para la cooperación política entre sus
seguidores, empezando por solicitarle el aporte de cuotas mínimas o bien
contribuciones en la medida de sus posibilidades, siempre que el proceso sea
transparente y dichas donaciones sean de conocimiento público y de posible
verificación por la JCE. De tal modo que los partidos puedan contar con una vía
de ingresos alterna y de fácil escrutinio.
Control y supervisión
El
tercer mecanismo que se resalta en el informe es crear o fortalecer los órganos
de control y de supervisión de las fuentes de financiamiento y de las cuentas
de los partidos a través de “auditorías sorpresas” y la política “ojos en todos
lados” ya que los organismos electorales
deben establecerse como responsables naturales de la fiscalización del
financiamiento de los partidos políticos y de las campañas. Pero de igual
manera, se hace necesaria la participación e inclusión del actor civil.
“La
JCE debería realizar 'auditorías sorpresa', como contraparte a una evaluación
permanente de los movimientos de dinero en las agrupaciones políticas. En Costa
Rica, por ejemplo, para las elecciones de 1994 la Contraloría General de la
República realizó estudios aleatorios sobre sus registros contables en las
oficinas administrativas de los partidos mayoritarios, antes de la finalización
de la campaña y en consecuencia se redujeron importantes anomalías. Otro método
es instaurar la política “eyes everywhere” (ojos en todos lados) donde se
permite una alianza con personas de distintos sectores (empresarial, civil,
comercial, etc.) y se capacitan para interactuar con los partidos y a la vez
supervisar el accionar de estos, analizando especialmente el expendio de los
fondos. La alianza debe darse entre un ente no político y una institución
oficial como la JCE, la Procuraduría General de la República o bien la Contraloría
General de la República”, advierte el coordinador de la Unidad de Partidos
Políticos.
Crear mecanismos y entes
de contrapeso
El
autor añade que una de las causas más importantes del problema del financiamiento
de partidos en el caso dominicano es la falta de un mecanismo o ente de
contrapeso.
“En
República Dominicana, lo recomendable sería crear o fortalecer un determinado
organismo ciudadano, el cual lleve un seguimiento constante y una divulgación
de su investigación de forma veraz y objetiva, convirtiéndose en una
institución especializada y comprometida con el bienestar social y el buen uso de
los recursos del Estado. Entre las estrategias de esta entidad podría estar la
creación de un Índice de Transparencia (como en otros países de la región), el
cual sería de fácil construcción por demás, ya que se alimentaría de la
información publicada por los partidos y/o entregada a la JCE, pudiendo
determinarse fácilmente quiénes son más y menos transparentes y haciéndolo de
conocimiento público, de forma tal que la ciudadanía tenga un mayor grado de
información a la hora de decidir su voto”, afirmó.
Transparentar el
financiamiento privado y controlar el público
Para
hacer transparente el financiamiento privado la investigación sugiere tres
acciones, en primer lugar elaborar una lista o registro de contribuyentes para
evitar que empresas 'fantasmas' y negocios ilícitos continúen incidiendo en la
actividad política; implementar medidas de seguimiento y control en cuanto a
las donaciones en tiempo no electoral, y por último, mejorar los sistemas de
transparencia respecto de las contribuciones estableciéndose obligaciones de
publicidad e incrementar las sanciones y la vinculación co-solidaria entre los
candidatos y los contribuyentes”.
En
el caso de crear y fortalecer los mecanismos de control del financiamiento
público, el análisis recomienda que como sexta medida esté la sanción, es
decir, ante la falta de rendición de cuentas, declaraciones juradas o no
presentación de informes requeridos por la ley, los partidos deben perder el
derecho a la recepción de los fondos estatales.
“Orientar
y hacer cumplir las sanciones a que todo candidato miembro de un partido que no
haya realizado dicha declaración en los tiempos previstos por la ley, provocará
que su partido no perciba los fondos destinados al financiamiento permanente,
hasta tanto cumpla con sus obligaciones. Consideramos que esta falta personal
con capacidad de afectar al ente grupal, puede implicar un mayor compromiso”,
concluye el documento del OPD-Funglode.
